La ambientalista fue ultimada a tiros al interior de su vivienda en el sur de Honduras, el 2 de marzo de 2016. Archivo
El Ministerio Público de Honduras ha solicitado la pena máxima de 25 años de cárcel contra el empresario Roberto David Castillo, principal acusado del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.
La familia de la activista, que fue asesinada en marzo de 2016, ha exigido que se imponga la pena máxima contra el coautor del crimen, que fue declarado culpable a principios de este mes.
De parte de las víctimas estamos exigiendo la máxima pena que está establecida según los hechos que han sido probados y los agravantes". Bertha Zúñiga, hija de la ambientalista asesinada.
La Fiscalía ha confirmado así la petición durante una audiencia, si bien la defensa de Castillo ha pedido que se le aplique una pena mínima de 20 años de cárcel, tal y como ha confirmado Copinh, la organización del pueblo indígena Lenca, al que pertenecía Cáceres.
Los jueces no han dado aún una fecha para la lectura de la sentencia argumentando que el juicio ha sido muy "complejo" y han descartado que el veredicto esté listo en el plazo de cinco días que estipula la ley.
Zúñiga pidió, por su parte, al Tribunal de Sentencia que emita su fallo "en el marco de los tiempos procesales establecidos, que son 30 días hábiles a partir de la fecha, ya que los tribunales han tenido la práctica de extenderse sobre este tema".
Castillo era el presidente ejecutivo de la empresa energética DESA y fue detenido cuando intentaba salir de Honduras, aunque no es el único trabajador de la DESA detenido en el marco de este caso. A finales de 2019, siete implicados en el crimen fueron condenados a penas de entre 30 y 34 años como autores materiales del asesinato.
El juicio contra Castillo se llegó a suspender hasta en doce ocasiones, si bien finalmente comenzó el pasado 6 de abril. Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa tras oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
La maestra de 43 años, ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, pasó a engrosar así la larga lista de activistas asesinados en Honduras, escenario habitual de movilizaciones indígenas y campesinas en defensa de sus tierras frente a macroproyectos.